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PIDEN AL CONGRESO DE LA UNIÓN AJUSTAR EL PACTO FISCAL SEGÚN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CADA ESTADO

• Necesaria la descentralización en materia de gasto público en las entidades federativas

• La iniciativa fue promovida por la diputada Daylín García.



El Congreso del Estado de Baja California aprobó el respetuoso Exhorto al Congreso de la Unión, con el fin de solicitar la Reconfiguración del Pacto Fiscal establecido en la Ley de Coordinación Fiscal entre la federación y las entidades federativas, apegado a un retorno más cercano a la realidad de las aportaciones que brinda cada estado.

La legisladora Daylín García Ruvalcaba, como inicialista argumentó que el propósito es poner de manifiesto la necesidad de reconfigurar el pacto fiscal, ya que este ha fracasado en lograr la reducción de la desigualdad entre las entidades federativas, en perjuicio de aquellas que más impuestos recaudan, lo cual genera dependencia de las aportaciones y participaciones federales para los estados más pobres.

Uno de los mecanismos establecidos para la asignación de recursos federales, es el Fondo General de Participaciones, el cual realiza la distribución a los estados, considerando su crecimiento económico, esfuerzo recaudatorio y cantidad de población. Dichas aportaciones forman parte del gasto no programable, lo cual otorga la facultad de ejercer su gasto de manera discrecional.

Por otro lado, las aportaciones representan aquellos fondos federales destinados a las entidades federativas, los cuales están etiquetados para fines específicos. Estas aportaciones forman parte del gasto programable y su objetivo es abordar las necesidades y rezagos en áreas como salud, infraestructura, educación y desarrollo social.

“Es evidente que la descentralización de la toma de decisiones en materia de gasto público en las entidades federativas puede desempeñar un papel significativo en la reducción de la brecha de desigualdad salarial entre los niveles de ingresos más altos y más bajos de la población”, expresó Daylín García.

También mencionó la urgencia de un nuevo acuerdo fiscal, que considere las características individuales de cada estado, acuerdo que debe concentrarse en fortalecer la independencia financiera de los estados, fomentar la responsabilidad fiscal, estimular su desarrollo económico y garantizar el bienestar de sus habitantes.

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